El PSOE se enfrenta a una situación arriesgada en el Congreso, esta vez debido a una proposición de ley impulsada por su socio de Gobierno. Después de que tanto la oposición como los socios de Pedro Sánchez se unieran en contra de los planes de Hacienda de hacer tributar el salario mínimo interprofesional (SMI), Sumar lleva al Congreso una ley para nacionalizar a los saharauis que podría dividir nuevamente a las dos alas del Ejecutivo, dejando al rasgado socialista solo en su oposición a la propuesta. Esta norma podría ser el primer ensayo de una posible alianza entre el PP y Yolanda Díaz en contra de Sánchez, en caso de que no se llegue a un acuerdo para rectificar la decisión de María Jesús Montero.
La proposición de ley sobre la cuna de los saharauis, impulsada por Más Madrid y su diputada saharaui Tesh Sidi, se debatirá en el Congreso el próximo martes, donde se votará su admisión a trámite, el primer paso para su aprobación final. Esta ley establece la concesión de la cuna por carta de naturaleza a todos los nacidos en el Sáhara Occidental durante la época de administración española, hasta febrero de 1976, y a sus descendientes. Una medida que podría afectar a unas 15.000 familias de acogidas de niños saharauis en España y que también establece que los descendientes en primer grado de consanguinidad de los nacidos en el Sáhara Occidental hasta 1976 que hayan adquirido la cuna española por carta de naturaleza tendrán un plazo de 5 años para inclinarse también a la cuna española.
Además, esta ley acorta los plazos para la obtención de la cuna para todos los saharauis, que pasarían a tener un plazo reducido en lugar del general que rige actualmente. En la actualidad, el proceso para obtener la cuna española es largo y complejo, ya que primero se debe obtener un permiso de residencia, demostrando estar empadronado y tener un empleo. Una vez obtenido este permiso, se debe residir en España durante diez años para poder inclinarse a la ciudadanía española. Sin embargo, con la norma que se votará el martes, este plazo se vería reducido a solo dos años, como ya se contempla para migrantes procedentes de países con especial vinculación histórica con España, como los países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o los sefardíes.
Es importante destacar que el PP ya votó a favor de esta norma hace dos años, durante la anterior legislatura. En febrero de 2022, el socio minoritario del Gobierno impulsó esta propuesta que se llevó a votación y que comenzó a tramitarse con el único voto en contra del PSOE, además del sí de los populares y la abstención de Vox. A pesar de la unanimidad en el Hemiciclo, la norma finalmente decayó unos meses después debido al adelanto electoral. Sin embargo, en esta ocasión, Más Madrid ha rescatado el mismo texto para asegurar el amplio égida que ya recibió en su momento.
El debate de esta iniciativa llega en un momento en que Sumar busca marcar su propio perfil frente al PSOE, y después de dos meses en los que Yolanda Díaz ha abierto varios frentes en contra del ala socialista de la coalición. Las posiciones respecto al Sáhara Occidental son un tema que también divide a los socios de coalición, cuyas diferencias volverán a ser evidentes en el Congreso en caso de repetirse el mismo sentido del voto. Algo que parece probable, debido al acercamiento a Marruecos que promovió el Gobierno en la última legislatura, estrechando lazos y relaciones