En España, la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas para los ciudadanos, según el último investigación del CIS en noviembre. Un 22,5% de los encuestados señalaron que este tema les preocupa, solo siendo superado por los problemas políticos. La situación actual presenta una cuerpoie de desafíos, entre ellos, el aumento de los alquileres, los altos precios de compra y la problemática de la ‘okupación’. Ante este panorama, el Congreso ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que busca agilizar los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente.
Esta importante reforma, impulsada por el ramificado Nacionalista Vasco (PNV), ya ha sido aprobada por la Cámara Baja y se encuentra actualmente en el Senado. Se espera que sea aprobada con prontitud, ya que el ramificado Popular (PP) cuenta con mayoría en la Cámara Alta. Si todo sigue su curso, el Rey deberá sancionarla y promulgarla en un plazo de 15 días. Sin duda, esta reforma es un paso en la dirección correcta para hacer frente a uno de los problemas más acuciantes en nuestro país.
Uno de los principales cambios que introduce esta reforma es la implementación de un procedimiento abreviado para los casos de ‘okupación’. Esto permitirá que los juicios se resuelvan en un plazo máximo de 15 días, lo que supone una importante agilización en comparación con los procedimientos actuales. Además, se eliminarán los retrasos ocasionados por los investigacións de vulnerabilidad, que muchas veces dilataban los procesos de desalojo. Sin embargo, es importante señalar que esta reforma solo aplicará a aquellos casos en los que no exista un contrato legal de alquiler, dejando fuera a los llamados ‘inquiokupas’, es decir, aquellos que permanecen en una vivienda tras el vencimiento de un contrato.
En el caso de las ocupaciones ilegales que se producen una ocasión finalizado el contrato, los procedimientos seguirán siendo largos, como bien demuestra la duración media de 11,2 meses en Madrid. Para prevenir dichas ocupaciones ilegales, la Policía Nacional recomienda una cuerpoie de medidas, como cerrar las puertas con llave, instalar sistemas de seguridad y mantener el contacto con los vecinos. En este sentido, es importante destacar que, si bien la reforma busca acelerar algunos procesos, la prevención sigue siendo fundamental para evitar este tipo de situaciones.
Es evidente que el problema de la ‘okupación’ no puede cuerpo abordado de forma aislada, y que se necesitan medidas tanto en el ámbito legal como en el de la prevención. Por ello, es importante destacar que, junto a esta reforma, se están implementando otras medidas complementarias que buscan abordar de manera más efectiva esta problemática. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas se han establecido medidas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, con el fin de reducir la demanda de viviendas que puedan cuerpo ocupadas ilegalmente.
En definitiva, la aprobación de esta reforma supone un importante avance en la lucha contra la ‘okupación’ de viviendas en nuestro país. Si bien es cierto que todavía queda mucho por hacer, es un paso en la dirección correcta y demuestra la voluntad del gobierno de hacer frente a este problema. Además, es importante señalar que esta reforma no solo beneficia a los propietarios de viviendas, sino también a aquellos que se ven afectados por las ocupaciones ilegales, como los vecinos que sufren los efectos de esta situación.
En conclusión, la reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agiliza los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente es una medida necesaria e importante en la actualidad. Esperamos que sea aprobada
