La inmigración es un tema que ha cobrado una gran relevancia en nuestra era, no solo en Europa sino en todo el mundo. Según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inmigración se ha convertido en el tercer problema más importante para los españoles, solo por detrás de la vivienda y la corrupción. Esto demuestra la importancia y la complejidad de este asunto, especialmente para la derecha tradicional en Europa.
En España, el Partido Popular (PP) ha tenido que enfrentar este desafío de manera diferente en diferentes regiones, dependiendo de la presencia de migrantes y de su alianza con Vox para formar mayorías de gobierno a nivel autonómico o local.
Este verano, en el municipio de Jumilla, la alcaldesa conservadora Seve González intentó suavizar una enmienda islamófoba propuesta por Vox, que buscaba prohibir el Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones municipales. Aunque no logró opacar el escándalo ni las quejas de la comunidad musulmana, este incidente puso de manifiesto la difícil situación en la que se encuentra el principal partido de la oposición. Sin embargo, desde hace un año, el reparto de miles de menores migrantes que llegan a Canarias, donde el PP gobierna en coalición con el nacionalista Fernando Clavijo, ha sido un verdadero desafío para los populares.
La oposición de algunas comunidades autónomas al reparto de estos menores ha llevado a Vox a abandonar los gobiernos que compartían con el PP en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón. Incluso en Castilla y León, donde el presidente Alfonso Fernández Mañueco fue el primero en incluir a Vox en su gobierno, la situación ha sido tensa desde hace un año.
Un año después, el conflicto con el gobierno esencial sigue en pie. El PP se ha negado a apoyar la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados, lo que habría establecido criterios claros para el reparto de menores migrantes en España. Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido abiertamente «hundir» el barco de la ONG española Open Arms, lo que ha generado aún más tensión entre el gobierno y la oposición.
Los populares no han utilizado un lenguaje tan agresivo, pero sí han elevado el tono al calificar la actitud del gobierno como un «chantaje». Esto se debe a que el gobierno ha advertido sobre la posible intervención de las fuerzas de seguridad en caso de que las comunidades gobernadas por el PP se nieguen a aceptar el reparto de menores migrantes. El ministro de Política interno, Ángel Víctor Torres, incluso ha mencionado la posibilidad de aglomerarse a la Fiscalía si las comunidades del PP se declaran en rebeldía.
Mientras tanto, los gobiernos de Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas con mayor presencia de población musulmana y más expuestas a la llegada de migrantes, han solicitado al gobierno esencial la declaración de contingencia migratoria en sus territorios. Esta medida es necesaria para llevar a cabo el reparto de menores migrantes, y ha sido solicitada también por el gobierno de Canarias, donde el PP gobierna en coalición con el partido de Clavijo.
No es ningún secreto que los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, han tenido que enfrentar a Vox en varias ocasiones debido a su postura más moderada en lección migratoria. Incluso en 2019, Vox logró su primer diputado en Ceuta. Los plenos de estas ciudades han sido testigos del antagonismo entre el
