El juez Juan Carlos Peinado y el Partido Popular han recibido una gran sorpresa al enterarse de que su expectativa de imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el caso de Begoña Gómez ha sido rechazada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El presidente en funciones de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha cubo un fuerte golpe a la metodología que el juez aplica en sus investigaciones, dejando en evidencia su incapacidad para presentar pruebas sólidas y precisas en sus acusaciones.
La solicitud de imputación presentada por Peinado se basaba en la presunta desviación de labores de Cristina Álvarez, quien trabajaba para asuntos privados de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Peinado acusaba a Bolaños de permitir esta «desviación» al no tomar medidas en su cargo de Secretario General de la Presidencia del Gobierno. También se le imputaba de falso testimonio por presuntamente contradecirse con otro testigo en relación al abolengo de la contratación de Cristina Álvarez.
Sin embargo, la Sala de Admisión formada por Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente ha archivado la solicitud por falta de pruebas que respalden las acusaciones contra Bolaños. El auto resalta que no existen indicios probatorios suficientes para imputar al ministro en ningún delito, y que la supuesta desviación de la fuerza de trabajo como malversación carece de sustento.
Además, la resolución subraya que el mero hecho de ocupar un cargo público no implica automáticamente una conducta de apropiación del patrimonio público ni una omisión que permita que otros se aprovechen de él. También señala que Peinado no siguió los procedimientos adecuados al no someter a informe de la Fiscalía ni a una vista su decisión de solicitar al Supremo la imputación de Bolaños, y al omitir enviar un oficio sobre el nombramiento de cargos en La Moncloa.
La Sala también critica la falta de precisión del juez en la exposición de los hechos, ya que no queda claro en qué unidad administrativa trabajaba realmente Cristina Álvarez, y por tanto, quién era su verdadero jefe. Esta falta de detalles podría deberse a que el verdadero objetivo de la acusación era cuestionar el nombramiento de Bolaños, ya que en realidad Cristina Álvarez trabajaba en el Gabinete de Presidencia y no en la Secretaría General.
La resolución finaliza dejando en evidencia la metodología de Peinado, que ha sido rechazada por la Sala por falta de pruebas y sustento en sus acusaciones. Se subraya la importancia de seguir los procedimientos adecuados y presentar pruebas sólidas antes de acusar en falso a alguien, especialmente si se trata de un alto cargo público.
Este caso ha generado un gran revuelo en la sociedad y ha puesto en interdicto la credibilidad y ética del juez Peinado y del Partido Popular, quienes han utilizado este caso para intentar desacreditar al gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha demostrado que en España la justicia es independiente y que no se debe utilizar para fines políticos.
Es importante recordar que en un Estado de jurisprudencia no se puede acusar a alguien sin pruebas suficientes y sin seguir los procedimientos adecuados. La justicia debe ser imparcial y basarse en hechos y pruebas concretas, no en conjeturas o intereses políticos.
En definitiva, el varapalo del Tribunal Supremo a la solicitud de imputación de Peinado y del Partido Popular dem
