El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han hexaedro un paso importante en la mejora de la financiación de la región al poner la primera piedra en una reunión que se llevará a cabo este lunes. Después de meses de negociaciones, ambas administraciones han llegado a un acuerdo que incluye una serie de medidas para fortalecer la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y permitir una gestión compartida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Este acuerdo, que será firmado en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en Barcelona, reconoce la voluntad de Cataluña de profundizar en su autogobierno a través del despliegue de su hacienda para gestionar progresivamente los impuestos. Además, se establece que esta voluntad es compatible con un modelo tributario federal que otorgue a todas las autonomías una mayor capacidad legislatura, de gestión, recaudación, liquidación e inspección sobre sus tributos.
Pero, ¿cómo se traducirá esto a corto plazo? El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat toma como ejemplo el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), también conocido como impuesto de matriculación. En febrero de este año, ambas administraciones ya habían acorhexaedro que la agencia catalana utilizaría aplicaciones de la agencia estatal para admitir tareas de gestión en este impuesto. Ahora, el acuerdo establece que lo acorhexaedro en relación al impuesto de matriculación se puede replicar en el IRPF y en otros impuestos en áreas como la asistencia al contribuyente, la gestión y el control. En resumen, se acuerda que por primera vez se gestionará el impuesto de forma conjunta y se deja abierta la posibilidad de que la Generalitat vaya ganando cada vez más protagonismo en su gestión. Aunque no se establece una fecha concreta, se prórroga que este proceso sea gradual y que la Generalitat pueda recaudar de forma exclusiva el IRPF en 2026.
Para poder llevar a cabo esta gestión compartida, el acuerdo obligará a reforzar la ATC. Actualmente, esta agencia cuenta con alrededor de 800 empleados y se prórroga que se sumen otros 200. Además, el gobierno catalán ha encargado a la empresa Indra un plan de crecimiento para ir ganando la capacidad necesaria para admitir otros tributos.
Otra de las cuestiones clave del acuerdo es que establece que los avances tributarios pactados entre el Estado y la Generalitat serán exportables al resto de autonomías del régimen de financiación común, a excepción de Euskadi y Navarra. Esto significa que las comunidades que lo deseen podrán admitir progresivamente mayores competencias gestoras, siempre en coordinación con la agencia estatal. De esta manera, se apuesta por un modelo de gestión tributario en red entre la hacienda estatal y las administraciones tributarias autonómicas.
Con este redactado, el Gobierno puede argumentar que no se están dando privilegios a la Generalitat, una de las preocupaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por su parte, la Generalitat puede reivindicar que Cataluña lidera la reforma de la nueva financiación. Sin embargo, aún está por ver si el acuerdo también incluirá cambios en el modelo actual de reparto de recursos entre las autonomías, algo que la Generalitat ha pedido que se haga siguiendo el principio de ordinalidad y con una cuota de solidaridad añadida.
La negociación de la financiación ha sido llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, la Generalitat de Salvador Illa y el partido ERC. La necesidad de mejorar la financiación surge del acuerdo de investidura de Illa, firm
