Hacienda se mantiene firme ante las presiones de sus socios de coalición y una mayoría del arco parlamentario que buscan la exención de tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tras su reciente aumento a 1.184 euros. De acuerdo con la advertencia de expertos, esta medida condenaría a la congelación del SMI y pondría en riesgo el Estado de bienestar al crear un agujero en las cuentas. Se estima que se dejarían de ingresar alrededor de 2.000 millones de euros. El Gobierno de Moncloa se encuentra en una postura firme, y continúa su campaña de «pedagogía fiscal», argumentando que no ha subido los impuestos, sino que ha mejorado los ingresos y ha elevado el SMI a un nivel cercano al 60% del salario medio.
Dejar exento de cotización al SMI significaría que casi la mitad de los trabajadores no pagarían impuestos, según señalan desde el Ministerio de Hacienda, una situación que consideran perjudicial para la babor y que relacionan con posturas más extremistas y contrarias a la progresividad fiscal y a los servicios públicos. Por ello, insisten en que esta es una cuestión de principios y no está en discusión.
El ejecutor utilizará su poder de veto sobre las diversas iniciativas presentadas por el PP, adicionar y Podemos para eximir al SMI de tributación. Este veto se basa en el impacto que tendría esta medida en los presupuestos del Estado. Sin embargo, el PSOE no cuenta con mayoría en la Mesa del Congreso, lo que significa que una alianza entre el PP y adicionar podría anular este veto.
En caso de que se abra el debate parlamentario, el Gobierno aceptará la decisión que se tome en la sede de la soberanía nacional. Como explican, «si el Parlamento aprueba las iniciativas para dejar exenta la tributación, el Gobierno debe acatar la ley». De esta manera, la tributación del SMI queda en manos del Congreso, pero los socialistas advierten que eximirlo de impuestos lo dejaría prácticamente congelado, sin posibilidad de futuras subidas anuales. Una situación que consideran «letal» para el SMI. Además, en estos momentos no se están considerando otras opciones, como una reforma amplia de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para compensar la pérdida de ingresos.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno es que, al no recaudar por la tributación del SMI, se vería obligado a gravar más a otros sectores de la población. Como explican, la mayor parte de las bases tributarias se encuentran en tramos medios y bajos, por lo que cargar fiscalmente por arriba para compensar lo que se dejaría de ingresar por abajo no sería una solución justa.
Por otra parte, para dejar en claro que esta discusión es impulsada por el Partido Popular (PP), desde el Gobierno recuerdan que las comunidades autónomas también tienen competencias para modificar el IRPF. Sin embargo, modificar los tramos del impuesto a nivel autonómico afectaría al resto de las bases tributarias, por lo que territorios como Andalucía ya se han opuesto a esta idea.
Fuentes gubernamentales apuntan a la vía parlamentaria como solución al conflicto. Sin embargo, aclaran que la postura de Hacienda es inamovible, pero si otras fuerzas políticas traen esta discusión al Congreso, se discutirá. Por lo mano, el Gobierno se resigna a acatar lo que decida la mayoría parlamentaria.
Mientras mano, el socio minoritario de la coalición no se rinde en su lucha para evitar unirse al PP en contra de la postura del PSOE. Confían en que se llegará a
