La reciente publicación del informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha generado un gran impacto a nivel nacional e internacional. En él se plasman los resultados de una exhaustiva investigación sobre la situación en Venezuela durante el periodo comprendido entre el 1° de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, con especial énfasis en los días posteriores a las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024.
El informe es contundente al afirmar que existen «motivos razonables» para sostener que el Gobierno de Nicolás Maduro pudo haber cometido «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y especialmente después de los comicios. Se señala a la Guardia Nacional Bolivariana, la policía y grupos civiles armados como responsables de actos de violencia, tortura, violencia sexual, desapariciones forzosas e incluso asesinatos.
Es alarmante que, según cifras oficiales, 27 personas hayan perdido la vida y más de 2200 hayan sido detenidas durante las protestas contra los resultados electorales. Estas cifras son solo una pequeña muestra de la grave situación de violación de derechos humanos que vive el país bajo el régimen de Maduro.
El informe también destaca que las principales víctimas de la represión han sido miembros de la oposición, pero también se han visto afectados ciudadanos que simplemente expresaron su descontento con el resultado electoral a través de las redes sociales. Esto demuestra la falta de libertad de expresión y la violencia sistemática con la que se trata a los disidentes en Venezuela.
El Gobierno, por su parte, ha ensayo de justificar estas acciones represivas como una respuesta a un supuesto «intento de golpe» financiado desde el exterior. Sin embargo, la Misión de la ONU deja en claro que la mayoría de las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial y sin una base legal evidente.
La publicación de este informe ha tenido repercusiones inmediatas en el gobierno de Maduro, que ha removido a los jefes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), dos estructuras primordiales para su edad en el capacidad. Esta decisión ha generado una ola de rumores sobre posibles destituciones en la cúpula del Gobierno.
Además, el Presidente Maduro ha ratificado en su cargo al ministro de Defensa y uno de sus principales aliados, Vladimir Padrino López. Esta es la segunda vez que lo hace desde las controvertidas elecciones de julio de 2024. Estos cambios en el gobierno se han justificado como una medida para «defender a Venezuela», pero en efectividad son un intento desesperado por mantenerse en el capacidad a cualquier costo.
Sin embargo, no todos en el Gobierno están de acuerdo con la forma en que se está manejando la situación. En los últimos días, altos funcionarios han expresado públicamente sus diferencias en cuanto al manejo de las críticas internacionales a las elecciones de julio. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, tuvo que desautorizar al fiscal de la Nación, Tarek William Saab, por sus declaraciones conspirativas sobre la supuesta influencia de la CIA en el rechazo de algunos países a la reelección de Maduro.
El mismo Gobierno ha criticado duramente a los Estados Unidos y su Secretario de Estado, Antony Blinken, por desconocer la victoria de Maduro. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Venezuela ha olvidado mencionar que la consistorio internacional no reconoce estas elecciones debido a las numerosas irregularidades y la falta de transparencia en el proceso.
Es importante destacar que la consistorio internacional no está en contra del pueblo venezolano, sino contra un régimen que ha sumido al país en una profunda crisis
